Hoja de Datos

Revisada: febrero 12, 2003

Situación actual—Próximos acontecimientos

La Corte Suprema de Estados Unidos ha aceptado dictaminar sobre la constitucionalidad de la acción afirmativa empleada por la Universidad de Michigan en el proceso de admisiones a su Escuela de Leyes y a su sistema universitario. La Universidad de Michigan obtuvo victorias en cortes inferiores que respaldaron sus políticas. Las decisiones de esas cortes inferiores están siendo ahora revisadas por la Corte Suprema.

El 18 de febrero de 2003 vence el plazo de la Corte Suprema para que la Universidad de Michigan presente por escrito sus argumentos legales en defensa de su posición. En esa misma fecha vence el plazo para que “los amigos de la corte” (personas y grupos que apoyan a una de las partes) presenten sus argumentos escritos en apoyo a la Universidad. Previamente, el 16 de enero de 2003, presentaron sus argumentos los abogados de quienes se oponen a las políticas de la U-M. Los “amigos de la corte” de la parte contraria, incluyendo la administración Bush, también presentaron sus argumentos escritos.

El 1 de abril de 2003 es el día programado para los argumentos iniciales ante la Corte Suprema. A las 10 a.m de ese día la Corte escuchará los argumentos en el caso de la Escuela de Leyes, denominado Grutter v. Bollinger. A las 11 a.m. de ese mismo día la Corte escuchará los argumentos en el caso de las admisiones al sistema universitario, denominado Gratz v. Bollinger. Esas dos horas de argumentos iniciales están abiertas al público, aunque el espacio disponible es limitado en la sala del tribunal. No se permite la cobertura por radio o televisión.

La Corte Suprema no tiene un plazo fijo para sus decisiones, pero normalmente son emitidas antes de que concluya el periodo actual, que será antes del 1 de julio de 2003.

El siguiente es un sumario de los acontecimientos principales en las dos demandas contra la Universidad de Michigan en relación a su sistema de admisiones.

Las partes

Hay dos demandas presentadas originalmente ante la corte federal para el Distrito del Este de Michigan.

Gratz v. Bollinger et. al. fue presentada el 14 de octubre de 1997 y asignada al juez Patrick Duggan. Cuestiona que la Universidad use el factor de raza en su proceso de admisión para su facultad más grande, la Facultad de Literatura, Ciencia y Artes. La demanda la presentó Jennifer Gratz, que infructuosamente postuló para el Ciclo de Otoño de 1995, y Patrick Hamacher, que tampoco logró ingresar para el Ciclo de Otoño de 1997.

Grutter v. Bollinger, et. al. fue presentada el 3 de diciembre de 1997 y asignada al juez Bernard Friedman. La demanda, que cuestiona que la Universidad considere la raza en el proceso de admisiones a la Escuela de Leyes, la presentó Barbara Grutter, que no logró ingresar a la universidad para el Ciclo de Otoño de 1997.

Los demandantes están enjuiciando a la Universidad, una institución pública fundada en 1817, y a funcionarios específicos de la Universidad en sus capacidades individuales y oficiales.

Ambos casos han sido certificados como demandas colectivas con el propósito de revisar las políticas en discusión.

Los abogados de la Universidad incluyen a John Payton, un destacado letrado de derechos civiles de la firma de abogados Wilmer, Cutler & Pickering, en Washington D.C., y Maureen Mahoney, una especialista sobre la Corte Suprema con Latham & Watkins, también de Washington D.C. La consejería local para la Universidad la ofrece Butzel Long, de Detroit.

En ambos casos, el Centro para Derechos Individuales (“CIR”) representa a los demandantes con la firma de abogados Maslon, Edelman, Borman & Brand, de Minneapolis, como consejera principal. CIR es una firma de abogados con sede en Washington D.C. que ha realizado una serie de demandas para desmantelar la acción afirmativa. Ellos representaron a Cheryl Hopwood en Texas y actualmente han demandado a la Escuela de Leyes de la Universidad de Washington y a otras instituciones con respecto a los programas de acción afirmativa.

En ambos casos, grupos de estudiantes y ciudadanos han intervenido para defender la política de la Universidad. Aunque esa intervención fue inicialmente negada por las cortes de distrito, la Corte de Apelaciones para el Sexto Circuito permitió la intervención en agosto de 1999 e hizo partes integrales en el caso a grupos estudiantiles y ciudadanos.

Muchas organizaciones y entidades han presentado por escrito argumentos de “amigo de la Corte” ante la Corte de Apelaciones. Los argumentos que apoyan la posición de la Universidad incluyen a la General Motors; un grupo de 32 corporaciones Fortune 500 entre las cuales figuran Microsoft, Intel y Pfizer; el Colegio de Abogados de Estados Unidos, el Consejo Estadounidense de Educación y un gran número de otras organizaciones de educación superior; la United Auto Workers, la Procuraduría de Michigan, y el Fondo de Defensa Legal de la Organización Nacional de Mujeres (NOW). Los argumentos en apoyo a la posición de la parte demandante incluyen a la National Association of Scholars, el Centro para Igualdad de Oportunidades y Pacific Legal Foundation.

La Disputa

Los demandantes que cuestionan la política de acción afirmativa de la Universidad afirman que los métodos de admisiones los discriminan ilegalmente, porque la Universidad considera la raza y el origen étnico como una “ventaja” entre muchos factores en su proceso de admisión. En general, buscan una orden judicial compensatoria e indemnizaciones monetarias.

La posición de la Universidad es que la Constitución y las leyes de derechos civiles, interpretadas por la Corte Suprema en la decisión Bakke de 1978, le permiten considerar la raza y el origen étnico en su programa de admisiones para lograr los beneficios educacionales de un cuerpo estudiantil diverso. Un cuerpo estudiantil racialmente diverso produce beneficios educativos importantes debido a la situación actual de segregación y distanciamiento entre los grupos raciales en Estados Unidos. Estos beneficios constituyen un “interés gubernamental convincente” que justifica la consideración de raza y grupo étnico en el sistema de admisiones de la Universidad.

Los interventores defienden la política de la Universidad basándose en que es necesario remediar la pasada y/o presente discriminación en contra de las minorías.

Decisiones de la Corte

El 14 de mayo de 2002, la Corte de Apelaciones para el Sexto Circuito sostuvo que la política de admisiones de la Escuela de Leyes es constitucional, revirtiendo un dictamen anterior de un juez federal. La corte federal de apelaciones siguió el precedente establecido por la decisión Bakke de la Corte Suprema en 1978, que sostuvo que es convincente el interés de la Escuela de Leyes de lograr beneficios educacionales de un cuerpo estudiantil diverso, y que su política de admisión está “diseñada adecuadamente” para alcanzar ese objetivo. La corte determinó que cada estudiante es tratado de forma individual por el sistema de admisiones de la Escuela de Leyes, que la corte caracterizó como “virtualmente indistinguible” del plan de admisiones de Harvard, que fue citado por la Corte Suprema como un modelo en Bakke.

Al encontrar que la política de admisiones de la Escuela de Leyes está justificada para lograr los beneficios educacionales de un cuerpo estudiantil diverso, la corte no mencionó las razones propuestas por los interventores. El 9 de agosto de 2002 los demandantes presentaron una petición de verificación ante la Corte Suprema, pidiendo a la corte que escuchara el caso.

El 13 de diciembre de 2000, el juez Duggan dictaminó sin un juicio y concedió un dictamen a favor de la Universidad en el caso Gratz. El juez concluyó que la búsqueda de beneficios educacionales de la diversidad es un interés gubernamental convincente, y que la política actual de admisiones de la Universidad es complemente constitucional.

En una opinión por separado, Duggan rechazó la defensa alternativa de la política por parte de los interventores. CIR apeló la decisión sobre el proceso actual de admisiones y la Universidad presentó una contra-apelación sobre la política para los años 1995-1998, que el juez Duggan encontró inconstitucional. Los argumentos iniciales fueron escuchados en la Corte de Apelaciones el 6 de diciembre de 2001.

La Corte de Apelaciones todavía no ha emitido una decisión en este caso. El 1 de octubre de 2002 los demandantes presentaron una petición de verificación antes del dictamen, pidiendo a la Corte Suprema que escuche el caso junto con el caso Grutter, aún cuando la Corte de Apelaciones todavía no había emitido su decisión. Los interventores presentaron el 14 de octubre de 2002 su propia petición de verificación antes del dictamen.

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